En defensa de las universidades, defendamos las acreditaciones

Escribe Albert Corrominas

A propósito de la polémica del verano: acreditaciones no, acreditaciones sí

Este verano, el diario español de mayor difusión ha publicado no menos de seis entradas (ver aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí) con ocasión de que la ANECA había considerado negativamente la solicitud de acreditación de algunas personas con relevantes currículums investigadores, lo que ha dado lugar a un debate que, a mi parecer, merece un espacio en Universídad, más allá de la falta de rigor en algunos aspectos de los reportajes (como la consideración de las acreditaciones como “un primer paso burocrático” o el titular “El Gobierno abrirá las puertas a los científicos de élite rechazados por la universidad española”,  ajeno al hecho de que la universidad española no es la responsable de las acreditaciones y a que el Gobierno no puede ni debería poder imponer a la ANECA las decisiones que competen a esta agencia).

En este contexto, al menos dos de los muy cualificados opinantes (exrector y rector de nuestras dos mayores universidades) han defendido la supresión de las agencias de acreditación en aras de una mayor autonomía de las universidades en la selección de su personal, mientras que otros han mantenido la posición contraria.

Esta polémica presenta dos facetas principales.

La función docente es congénita al profesorado universitario

La primera es si la no acreditación por parte de la ANECA de las personas afectadas por esta decisión es apropiada o no, lo que tiene relación con la importancia de la docencia y la investigación en la actividad universitaria. Al respecto, el presidente de la CRUE ha hecho unas sensatas reflexiones en una larga entrevista en el periódico aludido (ver aquí), en las que recuerda, por ejemplo, algo tan obvio como que “un profesor de universidad tiene que hacer docencia e investigación”, por lo cual no es aceptable el argumento de que un currículum investigador brillante ha de ser condición suficiente para acreditarse (hace casi noventa años, Ortega y Gasset formuló, en su muy citado opúsculo sobre la universidad, consideraciones muy interesantes al respecto).

Por supuesto, solo las personas interesadas y la ANECA disponen de los datos necesarios para emitir una opinión solvente sobre los casos particulares aducidos en la pequeña serie de reportajes. Por otra parte, cabe opinar que los criterios y los procedimientos aplicados actualmente por la ANECA son mejorables. Y, además, es bien sabido que todo sistema de control puede dar lugar, con alguna probabilidad no nula, a errores de tipo alfa y de tipo beta, es decir, respectivamente, dar por malo lo que es bueno y dar por bueno lo que es malo.

¿Mantener las acreditaciones o volver al pasado?

La segunda faceta, de mucho mayor alcance, se refiere a si debe mantenerse o no el sistema de acreditaciones y, por consiguiente, las agencias correspondientes.

Es usual que las universidades, a través de las autoridades académicas que las representan, reclamen más autonomía (acompañada, por supuesto, de un sistema de rigurosa rendición de cuentas) pese a que en muchas ocasiones ello no resulta fácilmente comprensible ni justificable. Pero, antes de reclamar más autonomía, deberían analizar y rendir cuentas de cómo han hecho uso de la que han dispuesto.

Es cierto que sin acreditaciones las universidades tendrían mayores grados de libertad en la selección de su personal.  ¿Pero sería esto bueno o sería malo? ¿Nadie recuerda la experiencia del procedimiento de provisión de plazas de la LRU? Sin duda, el interés institucional de las universidades consistía y consiste en seleccionar a las personas con méritos relevantes y adecuados a las características de la plaza. Y así sucedía en la mayoría de las ocasiones. Pero en muchas otras accedieron a plazas de TU y de CU personas con méritos que ahora mismo serían insuficientes para obtener la acreditación de ayudante doctor y, en no pocos casos, también lo serían los méritos que poseen actualmente. Así eran las cosas y bien se sabía que eran así.  Y, en consecuencia, aun circulan por las universidades TUs y CUs sin sexenio alguno. No se sabe que a nadie se le haya pedido que rinda cuentas por ello, pese que el error de tipo beta (dar lo malo por bueno) en una provisión de plaza de profesorado permanente tiene un coste económico y académico elevadísimo.

Por eso hubo un amplio consenso en introducir un paso previo (la acreditación, tras las justamente criticadas habilitaciones), con lo que se ha conseguido pasar “de que cualquiera se quedaba a que no cualquiera entra”, como ha dicho también el presidente de la CRUE. ¿Más autonomía y rendición de cuentas, en el marco de “la realidad y de nuestra idiosincrasia” evocadas asimismo por el presidente de la CRUE? Como no se perciben indicios de que ni la una ni la otra, en relación con el tema que nos ocupa, hayan evolucionado substancialmente, suprimir la acreditación nos abocaría, muy probablemente, a una situación peor que la inducida por el sistema LRU.

Un posible debate sobre si deben mantenerse o no las acreditaciones solo contribuiría a aplazar el más necesario y efectivo sobre cómo mejorarlas. Las universidades, la Administración y la propia ANECA deberían analizar coordinadamente la amplísima experiencia existente al respecto y, en consecuencia, hacer propuestas sobre la composición de las comisiones, los criterios, la agilización, el rigor y la transparencia de los procesos, las garantías de las personas solicitantes y, en particular, sobre los mecanismos de comprobación de la autoría de las publicaciones.

Las acreditaciones son necesarias para fomentar y garantizar la calidad el profesorado universitario y, por ello, deben mantenerse.

¿Queremos volver a que se quede cualquiera o preferimos que no entre cualquiera?

Tomado del Blog de Studia XXI con permiso de sus editores