El completo y detallado informe de Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, –las personas que posiblemente conocen mejor los números de nuestro sistema universitario–, viene a poner cifras a lo que de alguna manera todos sabíamos: la importante incidencia que la crisis económica ha tenido en las plantillas de las universidades públicas españolas.
Una incidencia, en primer lugar, cuantitativa, si bien menor de lo que quizás cabría pensar. Pero una incidencia también cualitativa que, por el contrario, puede tener un mayor alcance y que se concreta en la sustitución de profesorado funcionario por profesorado contratado. Este dato podría no ser malo por sí mismo si fuera consecuencia de una política de profesorado concreta; pero me temo que en este caso responde a la necesidad de ahorrar y que, por ello, no es buena noticia en la medida en que viene a prolongar situaciones de cierta precariedad. Por no hablar de lo que pueda haber de incremento en la contratación de profesores asociados; una figura que tiene pleno sentido y puede ser beneficiosa cuando se trata de incorporar a tareas docentes a profesionales que pueden aportar su experiencia, pero que en muchos casos responde más bien a la necesidad de conseguir una mano de obra –si se me permite la expresión– que cuesta menos a la universidad y que asume una elevada carga docente. Y esto puede incidir de manera negativa en la consolidación de plantillas y en la incorporación de jóvenes a la carrera académica.
Quisiera centrar esta breve contribución en este último aspecto, que entiendo especialmente relevante porque lo que la universidad española sea dentro de unas décadas dependerá, en no pequeña medida, de haber sido capaces de incorporar a jóvenes de valía que deberán ser los profesores y profesoras del futuro. Y creo que en este punto la situación es especialmente preocupante.
La cuestión no coincide exactamente con el tema del envejecimiento de las plantillas de profesorado, aunque evidentemente la media de edad global del PDI se ve afectada –y de manera importante– por la disminución de los jóvenes que se incorporan. Pero el envejecimiento de los cuerpos de catedráticos o titulares (debido a la congelación y amortización de plazas) podría ser menos grave si se hubiera producido una incorporación de profesorado joven, pero eso no ha ocurrido, sino que, por el contrario, ha disminuido y de manera aún más aguda que en otros segmentos de edad. El único dato que aporta el informe es especialmente preocupante: el número de PDI menor de 30 años ha disminuido del 6,35% en 2008 al 2,28 % es decir, más de 4 puntos, casi el doble de lo que ha supuesto el envejecimiento general del PDI en ese periodo.
Aunque sería interesante –y necesario– tener más datos, creo que son varias las causas de esta caída. Desde luego, una de ellas, la congelación de la reposición de las plantillas que ha hecho que se pierdan plazas en términos absolutos en todos –o muchos– de los departamentos españoles. Es fácil imaginar que esto ha bloqueado una cadena que debería facilitar que la promoción a categorías superiores llevara consigo la liberación de plazas en categorías inferiores (ayudantes y ayudantes doctores, pero también de contratados doctores) que, a su vez, pudiera permitir la incorporación y posterior consolidación de jóvenes profesores.
Pero si esto no ha sido así no se debe solo a la crisis económica y a la tan traída tasa de reposición cero decretada por el Gobierno a partir del año 2012. Antes de la crisis, se había consolidado ya en nuestras universidades una práctica según la cual la promoción del profesorado contratado a funcionario y, dentro de este, de profesor titular a catedrático se producía sobre la propia plaza. Me explico: ante la insuficiencia de plazas y la juventud del profesorado que las ocupaba (fruto sobre todo del crecimiento del número de universidades en los años 80 y 90), las posibilidades de promocionar como consecuencia de plazas vacantes disminuyeron de manera drástica. Por ello, la forma de hacerlo fue aportar los fondos para transformar la plaza ocupada en una de la categoría inmediatamente superior y sacarla a concurso. Esto ha tenido algunas ventajas indudables: la principal, permitir la promoción de personas de valía que, de otro modo hubieran visto truncadas las posibilidades de progresar en su carrera; de hecho, sirvió en la mayoría de los casos para que pudieran promocionar personas que hacía años tenían méritos más que suficientes para incorporarse a categorías superiores de profesorado. En el caso del cambio de profesorado contratado a funcionario, tenía además el atractivo para la universidad de que la parte correspondiente a la Seguridad Social dejaba de pagarla la universidad para asumirla el Ministerio.
Pero este sistema ha tenido también algunos efectos negativos. Uno de ellos tiene que ver con la tan traída y llevada endogamia; aunque las plazas salían a concurso –y de hecho el que aportaba la plaza de promoción se arriesgaba a perderla–, en la práctica era muy excepcional que la ganara alguien distinto del profesor a quien la universidad quería promocionar (en buena medida, insisto, porque se trataba de personas con muchos méritos docentes y de investigación acumulados).
Otro efecto negativo que ahora es el que me interesa, ha sido que las plazas de categorías inferiores iban desapareciendo, cerrándose las oportunidades de incorporar a profesorado joven, sobre todo cuando la crisis económica llevó a que las plazas de catedráticos y titulares que quedaban libres por jubilación no pudieran salir a concurso ni utilizarse su dotación económica para sacar plazas de categorías inferiores. Esto ha llevado a que muchos jóvenes tuvieran que dejar la universidad y a una inversión en las pirámides de profesorado de los Departamentos, donde no es extraño que haya muchos más catedráticos y profesores titulares que ayudantes, ayudantes doctores y contratados doctores.
Esta situación ha provocado, además, la disminución de personas que se incorporan al doctorado como primer paso de su carrera académica. A veces, por una decisión de los propios jóvenes que se sentían atraídos por la universidad pero que se desanimaban ante la falta de expectativas; otras, porque quienes debían dirigir las tesis doctorales se lo han desaconsejado a los candidatos, con toda lógica, ante la falta de perspectivas de futuro.
Es posible que esta situación empiece a mejorar con la incipiente recuperación económica, pero no creo que esto por sí mismo arregle la situación. En estos años se han generado bolsas de profesores titulares y contratados- doctores con acreditación para ser catedrático y profesor titular respectivamente. Y es razonable que el dinero de que se disponga se utilice para permitir la promoción de esas personas. Posiblemente es además la medida más justa. Pero, si no se dotan plazas en categorías inferiores y se sigue acudiendo a la fórmula de promocionar sobre las plazas existentes, será muy difícil la incorporación de profesorado joven.
Más complicado me resulta proponer cómo debería resolverse este problema. Una fórmula podría ser, desde luego, establecer plantillas (o relaciones de puestos de trabajo, RPT, si se prefiere) en las que se asegure que se mantiene la proporción adecuada de profesorado de las diversas categorías. Podría ser, en abstracto, una solución razonable, pero creo que ahora no sería una fórmula justa pues podría perjudicar la promoción de muchas personas que llevan tiempo acreditadas para plazas superiores y que se han visto perjudicadas por la crisis económica. Otra opción, más a largo plazo, sería adoptar un modelo de profesorado más parecido al norteamericano o al alemán, donde las categorías de profesores son menos y se refieren sobre todo a profesorado senior (full professor o professor en la categoría superior y associate professor o profesor habilitado, en la inmediatamente inferior), abriendo una primera contratación lo antes posible. Pero este no ha sido nuestro modelo en las últimas décadas y, además, produce que quienes no han llegado a esas categorías estén normalmente en una situación aún más precaria.
No me atrevo, por tanto, a señalar cuál debería ser el camino para resolver estos problemas. Lo que sí tengo claro es que la universidad española se juega mucho en su capacidad de atraer hacia la carrera académica a jóvenes de valía y que ello requiere ofrecerles unas perspectivas de futuro suficientemente claras y atractivas. Y ello justifica que tengamos, como mínimo, un debate serio sobre cómo conseguirlo.
Tomado del Blog de Studia XXI con permiso de sus editoresFuente: Cuaderno de Trabajo 9 de Studia XXI, “Demografía universitaria española:aproximación a su dimensión, estructura y evolución“.
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