Como ciudadanos, todos tenemos un elevado interés en saber qué recibiremos a cambio de los impuestos que pagamos. En este sentido, como afirma Nuria Rueda López en su artículo La eficiencia y su importancia en el sector público (2011), por lo general, a mayor sea la cantidad y/o calidad de los servicios públicos, más satisfechos nos mostraremos con la actuación del sector público correspondiente (ya sea central, autonómico o local). Sin embargo, es importante tener en cuenta que la provisión de servicios públicos no es gratuita, sino que tiene asociado un gasto. Y, para que esta provisión pueda mantenerse en el tiempo, deberá disponerse de un ingreso superior a este gasto. De lo contrario, habrá que solicitar financiación, lo que supone un mayor endeudamiento. Por lo anterior, es importante que no nos centremos tan solo en conocer la oferta disponible de servicios públicos, sino también en el gasto público que esta oferta genera. Para que esta relación sea adecuada y, por ello, sostenible, es necesario que el sector público racionalice el gasto, siguiendo un principio de austeridad en la administración de los fondos públicos que lleve a evitar el despilfarro y la mala gestión de estos.
Es en este punto en el que se hace patente la importancia de estudiar la eficiencia del sector público, ya que a través de ella se mide cómo se están utilizando los recursos en la prestación de servicios. De hecho, la provisión de servicios públicos atendiendo al criterio de eficiencia viene recogida en la propia Constitución española, cuyo artículo 31.2 establece: “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”.
Especialmente después de la recesión económica que afectó a la mayoría de los países a partir del 2008, la evaluación de la eficiencia de los servicios públicos ha adquirido una especial relevancia, ya que con la crisis y la consecuente disminución de ingresos, la mayoría de los países tuvieron que llevar a cabo reformas económicas que se materializaron en recortes en el gasto.
Esta preocupación creciente por la eficiencia en el sector público se ha visto alimentada por académicos y observadores de políticas, quienes han llevado a cabo numerosos estudios sobre qué elementos deben formar la función objetivo de los proveedores de servicios públicos y cómo debe modelarse la tecnología de los servicios públicos para poder evaluarlos. En este contexto, son varios los foros de debate en los que se trata de dar respuesta al reto que supone el análisis de la eficiencia de los servicios e instituciones públicas. Un claro ejemplo lo encontramos en los análisis referentes al sistema público universitario.
La rendición de cuentas es un objetivo básico para aquellos modelos de gobierno que conceden a las universidades una creciente autonomía en la toma de decisiones. La rendición de cuentas, sin embargo, no sólo consiste en garantizar que el dinero público se ha utilizado conforme a la legalidad, sino también en facilitar medidas representativas de los recursos y resultados de la actividad que permitan llevar a cabo la evaluación de la misma (Vallespín, 2009).
Una muestra del actual interés por la rendición de cuentas en el ámbito universitario es la proliferación de informes instando a la evaluación y acreditación como mecanismos que garantizan la calidad en la docencia, investigación, transferencia y gestión universitaria (Comisión Europea, 2017). Las agencias de aseguramiento de la calidad del sistema universitario también han ejercido presión, y cada vez son más y más estrictas las auditorias que deben pasar los centros universitarios, el profesorado y los programas formativos. También son destacables, en este sentido, los rankings universitarios, que han pasado de ser meros instrumentos de evaluación a importantes herramientas de marketing para aquellas universidades que ocupan posiciones destacadas (Hazelkorn, 2009).
Esta preocupación por el aseguramiento de la calidad y la rendición de cuentas del sistema universitario ha suscitado también el interés entre los investigadores, dando lugar a un aumento de las publicaciones académicas en las que se proponen formas complementarias para evaluar el desempeño (p.e. enfoques paramétricos y no paramétricos, índices compuestos, procedimientos econométricos). Lejos de converger en una fórmula única, la controversia inherente a los procedimientos de evaluación ayuda a su diversificación. Si evaluar el desempeño es ya complicado de por sí, aún lo es más encontrar una propuesta metodológica que sea aceptada universalmente.
Las principales discusiones en este ámbito tienen orígenes diversos. En primer lugar, en las propias definiciones e interpretaciones de los términos a medir: “calidad”, “eficiencia”, “desempeño”. En segundo lugar, en el hecho de que los datos no sean homogéneos, la disponibilidad de indicadores que midan lo que realmente se quiere medir, y en la selección de indicadores relevantes (Salerno, 2004). Por último, existen importantes críticas sobre la incapacidad de estas metodologías a la hora de incluir en el análisis estrategias que permitan diferenciar por tipo de institución. En otras palabras, el sistema universitario es heterogéneo y no todas las universidades deberían evaluarse bajo los mismos supuestos.
A luz de las nuevas exigencias sobre la aportación de las universidades en la sociedad y cómo estas gestionan sus recursos, surgen tres cuestiones que requieren de cierta reflexión: ¿Cómo afrontan las universidades las nuevas demandas que exige la sociedad contemporánea? ¿Por qué están respondiendo así? Y finalmente, pero no por eso menos importante, ¿cómo lo están haciendo?
El primer interrogante equivale a investigar cómo las universidades abordan su función objetivo, consistente en la misión docente, la investigadora y la de transferencia. Este punto es relevante y está estrechamente vinculado a la segunda pregunta: ¿a qué acción y visión estratégica responde la función objetivo? Las posibilidades son múltiples. Esta diversidad se debe a que cada universidad responde a una realidad territorial, políticas públicas y gestión interna concretas. El resultado es un sistema universitario heterogéneo, incluso dentro de un mismo país o región. Las necesidades son distintas y las estrategias elegidas también. Esta diversidad resulta un objeto de estudio altamente interesante. En concreto, es especialmente atractivo el análisis de cómo las características exógenas del territorio y las decisiones estratégicas (áreas de conocimiento, internacionalización, colaboración universidad-empresa, etc.) limitan/facilitan el desempeño de las universidades, dibujando distintos patrones de comportamiento.
Por último, responder a la tercera pregunta (¿cómo lo están haciendo?) implica analizar cómo de eficientes son las universidades en la gestión de los recursos disponibles (inputs) para la producción de resultados (outputs). En este punto, es importante remarcar que en un sector altamente internacional como el de la educación superior, no se trata sólo de maximizar los outputs, sino de “producir” outputs de calidad (p.e. graduados con las competencias que requiere el mercado, publicaciones científicas en revistas de primer cuartil, colaboraciones universidad-empresa que generen impacto, creación de spin-offs, patentar nuevas tecnologías y su posterior licenciamiento, etc.).
Para potenciar el estudio de las anteriores cuestiones, el próximo mes de septiembre la Universitat Internacional de Catalunya acogerá el International Workshop on Efficiency in Education, Health and other Public Services . Este workshop es el séptimo de una serie de encuentros académicos (Tesalónica (2013), Londres (2014), Lovaina (2015), Milán (2016), Budapest (2017) y Huddersfield (2018)) centrados en el análisis de la eficiencia de los sectores públicos, con un especial énfasis en el educativo, ya sea desde una perspectiva teórica y empírica como práctica. El workshop se perfila así como una plataforma ideal en la que discutir nuevos métodos, aplicaciones de técnicas existentes y nuevos avances en el ámbito de la eficiencia del sector público. Para ello reunirá a académicos de diversas disciplinas, quienes debatirán los desafíos presentes y futuros en el área de la eficiencia del sector público y la medición de su desempeño, con el objetivo último de proponer herramientas y políticas que ayuden a mejorar la competitividad de nuestro sistema público.
Referencias
Comisión Europea (2017). Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions on a renewed EU agenda for higher education, COM(2017) 247 final.
Hazelkorn, E. (2009). Rankings and the battle for world-class excellence: Institutional strategies and policy choices. Higher Education Management and Policy, 21(1): 1-22.
Rueda, N. (2011). La eficiencia y su importancia en el sector público. Revista Electrónica eXtoikos, 1: 38-47.
Salerno, C. (2004). What we know about the efficiency of higher education institutions: The best evidence. University of Twente (The Netherlands): The Center for Higher Education Policy Studies.
Vallespín, E.M. (2009). Rendición de cuentas en la educación superior: Un análisis de las cuentas anuales de las universidades en España y el Reino Unido. Contaduría Universidad de Antioquia, 55: 75-101.
Tomado del Blog de Studia XXI con permiso de sus editores
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