Por Javier Tourón
Hoy quiero hacer algunas reflexiones sobre las leyes educativas. No sé si tenéis la misma impresión que yo, pero hace años que la educación no está muy presente en la esfera pública, ni se han organizado debates conceptuales, o de otro tipo, que hayan trascendido demasiado. Puede ser una mera impresión. De todos modos aquí van mis reflexiones por si sirven de algo.
El sistema educativo no es un departamento administrativo más. Es la arquitectura invisible que sostiene el futuro de un país. De él depende su capital humano, su cohesión social, su capacidad científica, su fortaleza económica y, en último término, su calidad democrática. Por eso las leyes educativas no son meras normas técnicas. Son decisiones estructurales. Y su estabilidad es tan importante como su contenido.
No trato de decir que debemos instalarnos en el inmovilismo. Todo sistema debe evaluarse y mejorarse. Pero una cosa es ajustar y otra reconfigurar el marco cada pocos años. España ha vivido en las últimas décadas sucesivas reformas profundas del sistema educativo. No es solo una cuestión jurídica; es una señal de fragilidad institucional. O de otro tipo de intereses inconfesados. ¡Vaya usted a saber!
Los sistemas que muestran resultados sostenidos en el tiempo —Finlandia, Estonia, Canadá, Singapur— comparten algo esencial: estabilidad normativa, acuerdos básicos transversales y políticas educativas evaluadas a medio y largo plazo. La educación no se reinicia en cada legislatura.
Nosotros, en cambio, seguimos confundiendo, a mi modesto entender, reforma con ruptura. Es como si algunos entendieran el sistema educativo como un mecanismo de nacionalización de las conciencias.
Libertad y pluralismo: un principio estructural
Hay algo previo a cualquier ley que deberíamos aceptar: las personas y las familias no nacen del Estado. La función del Estado en educación es imprescindible —garantizar el derecho, promover la equidad, asegurar estándares—, pero no sustituir la pluralidad legítima de proyectos educativos por un modelo implícitamente uniforme, que lo único que refleja es un interés -ni siquiera disimulado- de intervenir ideológicamente el sistema.
El pluralismo educativo no es una concesión ideológica; es una condición de madurez democrática.
La legislación vigente ha redefinido equilibrios institucionales, reforzado determinadas instancias colegiadas y modificado aspectos de la planificación educativa. Son opciones legítimas del legislador. La cuestión relevante es otra: ¿amplían o reducen el espacio real de libertad y diversidad educativa? Porque una ley educativa debería ampliar horizontes, no estrecharlos.
Evaluación y cultura profesional: el riesgo de la ambigüedad
La eliminación, por ejemplo, de los estándares de aprendizaje evaluables y su sustitución por un modelo articulado en torno al perfil de salida, competencias clave, competencias específicas y criterios de evaluación supone un cambio profundo.
No es una cuestión terminológica. Es un cambio de paradigma.
Este enfoque puede fortalecer la coherencia curricular si se implementa con rigor técnico. Pero exige una cultura evaluativa sólida, liderazgo pedagógico y competencia profesional. De lo contrario, la flexibilidad se convierte en ambigüedad, y la ambigüedad en desigualdad.
Del mismo modo, el nuevo sistema de promoción y titulación, basado en decisiones colegiadas del equipo docente, traslada una enorme responsabilidad a los centros. Eso puede dignificar la profesión docente si se apoya en criterios claros y exigencia académica. Si no, puede erosionar la confianza en el sistema.
La autonomía sin responsabilidad es arbitrariedad. Y la flexibilidad sin criterio es desorientación.
Inclusión y equidad: precisión conceptual
La apuesta por una educación inclusiva es compartida por la mayoría de los sistemas avanzados. Pero inclusión no significa mera presencia física en un aula ordinaria. Significa respuesta adecuada, recursos suficientes, apoyos especializados y decisiones centradas en el alumno concreto.
Equidad no es uniformidad. Es personalización real.
Cuando los conceptos se utilizan sin precisión, el discurso se vuelve moralmente atractivo pero técnicamente vacío. Y la educación no puede sostenerse solo sobre intenciones.
Educación y valores: el límite del reduccionismo
La incorporación transversal de determinados enfoques en el currículo forma parte del desarrollo de valores constitucionales. Pero la educación debe ser siempre espacio de formación crítica y plural.
Cuando un enfoque pretende convertirse en explicación total de la persona, empobrece la complejidad humana y se convierte en totalitarismo. La educación necesita amplitud antropológica, no simplificaciones ideológicas.
Altas capacidades: el punto ciego del sistema
Me detengo antes de terminar en aquello que considero uno de los déficits estructurales más graves del sistema: la atención al alumnado con altas capacidades. ¡Seguro que a estas alturas a nadie le resulta nuevo que diga esto!
La legislación mantiene prácticamente inalterado el marco regulador existente desde hace años: identificación temprana, planes de actuación, programas de enriquecimiento y posibilidad de flexibilización de etapas. Sobre el papel, nada nuevo. En la práctica, tampoco.
La prevalencia internacionalmente aceptada de alumnado con alta capacidad varía entre el 10% y el 15%, según el criterio adoptado. Sin embargo, las tasas reales de identificación en España siguen muy por debajo de lo esperable. Esto no es un matiz estadístico. Es una disfunción estructural.
No existe un plan nacional sistemático de detección. No existe una cultura extendida de enriquecimiento curricular estructurado. La aceleración sigue siendo excepcional en lugar de normalizada. Y el desarrollo del talento depende demasiado de iniciativas aisladas. (Aunque esto no es general en todas las CCAA, como vimos hace poco en otra entrada).
Hablamos mucho de equidad, pero olvidamos que la equidad también consiste en no dejar sin desafío a quien puede avanzar más rápido y más lejos. Un sistema que iguala por abajo no es equitativo; es empobrecedor.
Los países que lideran la innovación científica y tecnológica no solo atienden a quienes presentan dificultades; cultivan deliberadamente el talento. Corea del Sur, Singapur, Israel o Estados Unidos, por mencionar algunos, han entendido que el desarrollo del talento no es elitismo, sino inversión estratégica. La excelencia no es un privilegio. Es una responsabilidad social.
Talento y futuro: la cuestión decisiva
El verdadero debate no es si esta o aquella ley gusta más a unos que a otros. El debate decisivo es otro: ¿estamos construyendo un sistema capaz de desarrollar el potencial máximo de cada alumno?
Porque el futuro no lo determinan los discursos. Lo determinan las capacidades que cultivamos hoy.
Si no identificamos el talento, lo perdemos. Si no lo estimulamos, lo adormecemos. Si no lo exigimos, lo debilitamos. Y cuando un país no cultiva su talento, termina dependiendo del talento ajeno.
La fuga de cerebros no empieza en el aeropuerto. Empieza en un aula de una escuela cualquiera donde alguien dejó de ser desafiado.
La educación no puede limitarse a garantizar mínimos. Su misión es permitir máximos. No basta con que nadie quede atrás; es necesario que nadie quede sin desarrollar. Porque al final, las leyes pasan. Las generaciones permanecen.
Y es que el talento que no se cultiva hoy es el futuro que se pierde mañana.
Tomado de Javier Tourón
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