Hoy deseo aproximarme al trabajo de David Annand, publicado en IRRODL (Vol. 16,5) y titulado “Developing a Sustainable Financial Model in Higher Education for Open Educational Resources”. Aunque básicamente referido a instituciones norteamericanas, puede servirnos de pretexto para reflexionar sobre el fenómeno.
Las expectativas surgidas tras el nacimiento del movimiento en torno a los Recursos Educativos Abiertos (REA) fueron grandes. Ya señalaba yo hace ahora dos años en este post, que los OER (Open Educational Resources) o Recursos Educativos Abiertos (REA) fueron calificados así en 2002 por la UNESCO en el Forum on Open Courseware, aunque entonces como sucedáneo de los contenidos de código abierto, software abierto, conceptos ya utilizados pocos años antes. Desde entonces se fue afianzando esta corriente.
Así en 2012, en el marco del 2012 World Open Educational Resources (OER) Congress, la UNESCO publicó la Paris OER Declaration. Ahí se refiere a los REA como aquellos materiales para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación soportados en cualquier medio digital, que son de dominio público o han sido publicados bajo una licencia abierta que permite el acceso libre, su uso, la adaptación y la redistribución por parte de otros sin coste económico y con escasas o nulas restricciones. De esta manera el hecho de compartir, adaptar y difundir el conocimiento se podría hacer una realidad.
Pero, de acuerdo con Annand, no conviene confundir los REA con la enseñanza y aprendizaje abiertos, con la educación a distancia, dado que para éstos se precisa de diseños pedagógicos apropiados que contemplen diferentes variables curriculares, cuestiones ajenas a los recursos educativos abiertos. No son MOOC porque hablar/escribir de MOOC es o debería ser hacer referencia a Cursos, con todo lo que ese término significa, aunque sí es cierto en que son más cercanos en cuanto a la apertura (con sus matices) y a su característica de soporte digital. Tampoco se trata de cualquier tipo de publicación o recurso abierto en la web, sin finalidades educativas. Se trata, por tanto, de materiales para la enseñanza y el aprendizaje.
Pero, ¿cómo se articulan políticas nacionales e institucionales para hacer posibles esos repositorios de recursos abiertos, de recursos gratuitos? El autor al que nos referimos en este post revisa algunas serias resistencias, riesgos u obstáculos al desarrollo de este movimiento, tales como: ¿cómo garantizar su calidad?, ¿cómo controlar la propiedad intelectual, los derechos de autor?, ¿cómo mantener la reputación sobre un REA que pudiera quedar obsoleto?, ¿cómo convencer para “regalar” los mejores conocimientos?, ¿cómo encontrar tiempo para localizar y evaluar el material?, ¿cuánto conocimiento técnico se precisa para manejar determinados REA?…
Resulta evidente que se hacen precisos recursos económicos para sacar adelante una política de Recursos Educativos Abiertos. Es decir, hace falta financiación, dinero, para poder ofrecer algo que será gratuito. Y cierto que las instituciones públicas, que funcionan gracias a los presupuestos de las administraciones públicas, podrían obligarse a que la producción de materiales y recursos didácticos para la enseñanza pudieran ofrecerse como recursos abiertos, como objetos de aprendizaje, con las licencias que fuesen precisas.
Pero, claro, solicitar a una Universidad que incentive un sistema de recursos educativos abiertos, generados por sus cuerpos docentes y unidades de producción, con el fin de regalarlo al resto de la sociedad, puede resultar una tarea más que complicada y poco convincente para los responsables de esas instituciones.
Nuestro autor, Annand, presenta en su trabajo numeroso modelos de financiación de proyectos relacionados con los REA, poniendo de manifiesto las dificultades financieras para el sostenimiento de estas políticas de abrir los recursos producidos a toda la comunidad. Parecen imprescindibles una financiación pública o unos apoyos económicos. vía subvenciones, procedentes de otras instituciones, organismos o empresas.
Sin embargo, habría que valorar cuánto dinero se gastan los estudiantes en textos u otros materiales de estudio, o cuánta parte de las becas (en el caso de alumnos becados) ha de dedicarse a la adquisición de estos recursos. Si se juntan todos esos dineros y se dedican ordenadamente a la producción, localización o evaluación de REA, quizás podríamos jugar con otros escenarios. Más allá de que para todo esto existirán resistencias también por parte de las empresas editoras y productoras de materiales que podrían ver afectados sus negocios o por parte de las mismas universidades que cuentan con unidades de producción y venta al público de esos materiales.
Algunas investigaciones mostradas en el trabajo de referencia, muestran que los estudiantes se encuentran más satisfechos que los propios profesores con el uso de los REA, más allá de que les suponen un significativo ahorro, los llegan a valorar como pedagógicamente válidos y equivalentes a los recursos convencionales.
¿Los gobiernos podrían exigir a las universidades públicas el asumir este tipo de políticas de recursos abiertos?, ¿pero entonces, y la libertad de cátedra que otros argumentarían? Otra alternativa que sugiere nuestro autor sería la de aumentar las tasas de forma que parte de ellas pudieran dedicarse a este objeto y siempre al estudiante le supondría menor costo que el necesario en contextos convencionales.
A pesar de todas las resistencias y obstáculos, en el trabajo que venimos refiriendo, el autor argumenta de que existen tendencias muy favorables a la adopción más generalizada de REA que, a su vez, propiciarían una mayor democratización en el acceso a la educación.
Sin embargo, mientras la cultura universitaria no cambie, será complicado generalizar estas políticas de REA. Mientras que los docentes e investigadores no estén convencidos y cuenten con estímulos suficientes para ello, será complicada la generalización, más allá de proyectos puntuales de pequeños grupos o equipos docentes determinados.
A pesar de todo, si el conocimiento es un bien público, si la tecnología nos permite producir, almacenar. compartir, reutilizar y construir juntos, si los gobiernos y organismos públicos están cada vez más convencidos de las bondades de contar con potentes repositorios de REA, si se asume cada vez más la cultura de las licencias abiertas y continúa sin parar la penetración de las tecnologías móviles, nos encontramos en la situación perfecta para un futuro prometedor de los Recursos Educativos Abiertos.
¿Podríamos imaginar unos escenarios generalizados de REA en las universidades de nuestros países?, ¿habría que basar esas políticas en la generosidad o buena voluntad de determinados equipos docentes?, ¿podrían valorarse consorcios universitarios, asociaciones, convenios, etc., que supusiese aunar finanzas y recursos humanos para organizar esos repositorios?, ¿por qué no tratar de integrar los numerosos repositorios existentes hoy?, ¿qué otras resistencias o intereses contrarios a estas políticas?
Tomado de Contextos universitarios mediados con permiso de su autor
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