Ayer se dio a conocer el informe ‘Propuestas para la reforma
y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español’,
elaborado por una comisión de expertos
nombrada hace aproximadamente un año por el ministro de educación José Ignacio
Wert. Según las conclusiones de estos expertos, la universidad española
requiere una profunda reforma. Para ello aportan una serie de recomendaciones
dirigidas a replantear todos los aspectos fundamentales: la gobernanza de las
universidades, la selección de su profesorado, la gestión económica o la
evaluación de resultados, todo ello dirigido a mejorar la eficiencia de las
instituciones universitarias. El mapa universitario actual está conformado por
50 universidades públicas y 31 privadas, que integran 236 campus, y que en su
conjunto atienden a un millón y medio de estudiantes.
El informe que fundamentalmente hace referencia a las
universidades públicas cuestiona una serie de aspectos vinculados al carácter
democrático de las mismas, pero también contradice las actuales líneas de
actuación del gobierno español en esta materia, que ha recortado sensiblemente
la financiación de las universidades y de los programas nacionales de
investigación. Se propone alcanzar el 3% del PIB de inversión en educación
superior, cuando ahora es menos del 2%. También reclaman más dinero para becas
y ayudas al estudio porque el sistema actual es muy deficiente. El gobierno ha
reducido un 75% su aportación al programa de movilidad europea Erasmus y ha
eliminado las ayudas al Séneca (movilidad nacional).
La calidad de las
universidades españolas es, a juicio de los expertos que forman la comisión,
insuficiente, y plantea la ausencia de los campus españoles en los rankings de
las mejores universidades internacionales. Los expertos proponen fomentar la competitividad entre las
universidades. Más financiación y en base a resultados. También recomiendan
vincular entre el 20 y el 25% de los presupuestos de las universidades públicas
a los resultados de investigación y docencia.
El informe plantea límites a la autonomía de las
universidades, reconocida por la Constitución española. Da una gran relevancia
a la figura del rector, otorgándole amplios poderes, sería elegido cada cinco años (de entre
académicos candidatos de cualquier parte del mundo) por un Consejo de la
Universidad en el que entrarían a participar las comunidades autónomas, es
decir la clase política. Además, habría una doble vía de acceso al profesorado:
una para ser titulares y catedráticos funcionarios y otra para ser titulares y
catedráticos contratados indefinidos.
Cabe pensar que las universidades no van a ver con buenos ojos que se limite su autonomía, que se merme su capacidad para gestionar con un control democrático sus políticas como ocurre ahora, o la injerencia de los gobiernos autónomos, en un marco general de desprestigio de la clase política. El Claustro pasaría a ser “órgano consultivo”. Y ámbitos como las Juntas de Facultad se propone que tengan un número reducido de miembros.
También se propone en el informe la reordenación de la
oferta de títulos y la especialización. Se considera que la oferta es excesiva
y hay que contenerla, dice el texto. Por eso, proponen establecer a escala
nacional un número mínimo de alumnos (que puede ser flexible en función de la
zona y el área de conocimiento) por debajo del cual habría que eliminar una
titulación de una campus concreto y que comunidades y universidades reflexionen
sobre la posible reducción de los campus, facultades, departamentos, etc. No
todas las universidades pueden ser generalistas, debe propiciarse un proceso de
especialización que permita la supervivencia de las mejores, según los
expertos.
Aquí se abre un debate sobre cómo se debe entender un
servicio público como el que ofrece la universidad española, cómo debe
entenderse la excelencia universitaria, cómo debe interpretarse la eficiencia y
cómo debe medirse. Recortar la representación y los órganos democráticos no
parece compatible con la transparencia que los mismos expertos exigen en su
informe. La eficiencia económica no siempre se compadece con la eficiencia de
la sabiduría. No solo está en cuestión la supervivencia económica de las
universidades, también lo está que la reflexión y la capacidad crítica se
mantengan en las aulas universitarias.
Acceso al Informe de la comisión de expertos
Acceso al Informe de la comisión de expertos
Esta entrada reproduce el original publicado por el autor en su blog Educación y Tecnologías
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