España disfruta formalmente desde hace un poco más de un mes del primer gobierno de coalición de la moderna historia constitucional. Digo formalmente porque si se tratara de ser puntillosos, es posible que se pudiera esgrimir que los gobiernos de UCD de los mismos albores de la transición política también eran, materialmente, gobiernos de coalición en cuanto convivían en ellos sectores política e ideológicamente muy alejados entre sí lo que, a la postre, fue causa del mismo desguace del partido y, consiguientemente, del Gobierno, lo que ya solo merece consideraciones históricas como ésta que esbozo en siete líneas (y de baja altura, bien es verdad).
¿Estamos ante el primer gobierno de coalición de nuestra moderna historia constitucional? Formalmente sí.
Pero al margen de ello tenemos formalmente, sí, un gobierno de coalición lo que ha permitido observar la creación de unas estructuras administrativas que en el plano de la teoría parecen manifiestamente mejorables. Y que también en el plano de la teoría permitirían predecir dificultades evidentes de funcionamiento y respecto a las que algunos agoreros hasta pronosticarían fracasos sectoriales inevitables. No va a ser ese mi caso, pues ello representaría el conceder un valor a las estructuras administrativas (y al mismo derecho administrativo organizativo) que no lo tienen en verdad, como cualquier mínima experiencia enseña. Es evidente, sin embargo, que las preguntas acerca de la difícil convivencia entre una Vicepresidencia del Gobierno (la segunda) a la que se le otorgan competencias sobre la agenda 2030 y otra (la cuarta) que va a ser la encargada de la transición ecológica, pueden ser predichas, por poner un ejemplo singular a nivel, nada menos, que de las cuatro Vicepresidencias con que el nuevo Gobierno se adorna. Este número también es una novedad de nuestra vida constitucional, todavía tan corta.
Cuatro Vicepresidencias son también una novedad de nuestra corta vida constitucional.
Y algo parecido habría que decir cuando se encuentra un Ministerio encargado de la Universidad y otro de la Investigación. Proviniendo los dos del desguace hecho a conciencia de un Ministerio donde esas dos materias, de evidente relación, convivían caminando, en teoría, en esfuerzos coordinados. Ahora los caminos van a ser separados aun cuando parece que va a existir un órgano o procedimiento permanente de coordinación entre ambos. Lo cierto es que hacer predicciones en este terreno es muy aventurado y, por lo tanto, lo único que parece serio en este tema es llevar a cabo meras constataciones.
Universidad e Investigación, materias ahora de dos Ministerios separados, nos llevan a algunas constataciones, que no predicciones.
Universidades y organización administrativa
Y la primera constatación es que la vida del pasado Ministerio en el que confluían Universidades e Investigación no ha sido precisamente brillante. Es imposible resaltar una sola actuación que merezca mínimo renombre en un Ministerio que, eso sí, solo ha tenido año y medio de existencia y sin presupuesto alguno propio que gestionar. Los entendidos en las cosas de los madriles dicen que había muchos proyectos en ese Ministerio, y, entre ellos, hasta una reforma normativa de la Universidad. Es posible. Por qué no va a ser verdad. Pero la cosa no ha pasado de ahí. El infierno, cuentan, está sobrecargado de gente que tenía buenas intenciones.
En el plano de las constataciones puede también resaltarse que el nuevo Ministerio encargado de la Universidad es, probablemente, el más reducido en materia de personal (y de recursos económicos) que cualquier otro que haya llegado a las páginas del BOE en nuestra moderna vida constitucional. Es difícil establecer cifras exactas pero no creo que pasen de doscientos los funcionarios que este Ministerio tiene, con lo que el staff político que ha surgido para dirigirlo va a tener una relación porcentual con el personal que debe comandar ciertamente sorprendente, por lo mínima.
No creo que pasen de doscientos los funcionarios del Ministerio encargado de Universidades, el más reducido en personal de nuestra moderna vida constitucional.
E igualmente puede incorporarse a la enumeración de las constataciones una negativa: pervive la voluntad de separar la enseñanza superior del resto de las enseñanzas del sistema educativo español. En el plano de la teoría, igualmente, me parece que más argumentos a favor de la reunión de las enseñanzas superiores con la primaria, medias y profesional hubieran podido establecerse que en pro de este caminar aislado. Y mucho más aislado, todavía, si se tiene en cuenta que la materia sobre la que debe proyectarse la acción de este Mini(mini)sterio, las Universidades, está recubierta por el amparo del derecho fundamental a la autonomía universitaria que el Tribunal Constitucional encontró en 1987, de repente, que se escondía debajo de la proclamación del art. 27.10 de la Constitución. Fue un año de descubrimientos.
Si a lo que se indica se suma el papel que las Comunidades Autónomas tienen sobre el conjunto de la enseñanza y, por tanto, también sobre la superior (solo hay dos Universidades no transferidas a las CCAA: la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo) se hace bastante difícil definir cuál debe ser el signo del comportamiento del nuevo Ministerio. Seguro que el Ministro nombrado lo está buscando y hasta es posible que lo haya encontrado ya. En esos términos parece inevitable concluir (y esto ya pertenece al ámbito de los pronósticos, no al de las constataciones) en que la justificación de la existencia de este Mini(mini)sterio solo podrá encontrarse en el ámbito de lo normativo. Es adivinable que a medio plazo y si la legislatura se prolonga (en junio se podrá establecer un pronóstico sobre ello, ahora es todavía muy aventurado pasar del mero ámbito del discurrir especulativo) nos encontraremos en algún momento con un Borrador de Ley Orgánica de Reforma Universitaria (o denominación semejante en objetivos) y ya veremos, entonces, si fórmulas universitarias norteamericanas (tan plausibles en muchos aspectos, como en el plano de lo que algunos cursis llaman ahora pomposamente “gobernanza”) se incorporan a tal Borrador, lo que podría ser predecible si se tiene en cuenta el origen profesional del Ministro que lo apadrinaría. Otra cosa será la recepción carpetovetónica –previsible- de fórmulas que tan buen resultado han dado allende los mares.
Ojalá que, también en el plano de lo normativo, se produzcan algunas modificaciones (sustanciales) sobre la configuración de los posgrados y del doctorado, ámbito en el que deseo éxito en la corrección de algunas desafortunadas medidas que en el ministerio comandado por un ministro apellidado valor, creo recordar, se produjeron. Ese es un ámbito en el que el nuevo órgano administrativo podría centrarse y muchos universitarios agradeceríamos esa dedicación.
Ojalá, y esto es un deseo, ni constatación ni predicción, que, en el plano de lo normativo, se produzcan algunas modificaciones sobre la configuración de los posgrados y del doctorado.
Todo ello a la espera que en otras circunstancias políticas y con otros valores organizativos de mucho mayor alcance y ambición, se pueda reunir administrativamente, otra vez, el conjunto de la enseñanza y hasta de la investigación.
Tomado del Blog de Studia XXI con permiso de sus editoresLa paciencia es virtud de los sabios. Eso dicen algunos.
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