Mejorar las universidades también depende de nosotros…

Escribe Francisco José Cerón

Teniendo en cuenta que hay un total aproximado de 12.000 universidades, si calificáramos entre 0 y 10 a las universidades públicas españolas que aparecen entre las 600 mejores del ranking ARWU (o de Shanghái), las notas que obtendrían estarían todas por encima del 9,5. Estos resultados objetivamente no están nada mal. Es verdad que la tendencia es a la baja y el objetivo que nunca debemos perder de vista los universitarios es que con el dinero del contribuyente debemos intentar mejorar siempre.

En numerosas publicaciones, en este foro, en las reuniones de trabajo, en los bares de los centros universitarios,… se aportan numerosos argumentos razonados y razonables que constatan esa necesidad de mejora. Prácticamente hay coincidencia en que las vías de actuación que permitirían avanzar todo lo que se debería avanzar suelen apuntar habitualmente hacia la necesidad de:

• Cubrir las carencias relacionadas normalmente con la financiación de la docencia, la investigación, la innovación, los equipamientos, las infraestructuras…
• Mejorar la planificación y la gestión, lo cual siempre pasa de forma ineludible por conseguir una mejor financiación.
• Mejorar la autonomía universitaria.
• …

Personalmente estoy de acuerdo con todo lo que se propone, pero siempre que leo sobre este tipo de temas, me vienen a la mente aspectos sobre los que la mayoría pasa de largo como si no tuvieran importancia y que tiene que ver con la profesionalidad de los PDI y el cumplimiento de sus obligaciones como trabajadores. Es como si una gran parte de los que opinan buscasen siempre fuera de la institución universitaria a los culpables de la situación actual y no quisiéramos afrontar la realidad, compartir la problemática y asumir las consecuencias. Dicho de otra manera, es como si los aciertos se debieran a nuestras virtudes pero los errores son responsabilidad de los de afuera. Un buen punto de partida sería dejar de echarle toda la culpa a los demás, quitarnos esa coraza llamada orgullo, y comenzar a aceptar que algo debemos de tener que ver nosotros con todo lo que pasa en la institución universitaria.

Empecemos reflexionando sobre las siguientes tres líneas de la LOU, “La investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador de las Universidades, de acuerdo con los fines generales de la Universidad, y dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico”. Todos sabemos que, en realidad, solo una minoría del profesorado acredita resultados de investigación con regularidad. La mayor parte del profesorado no alcanza el reconocimiento de todos los tramos de investigación que debería tener por su antigüedad y productividad, ni responde por lo tanto a los incentivos profesionales y económicos que los mismos ofrecen. Esta ineficiencia universitaria está confirmada por los datos de la Comisión Nacional de Evaluación de Actividad Investigadora y por el sencillo estudio que puede hacer cada universidad de la productividad científica de su profesorado funcionario.

Otra cuestión que solemos pasar por alto es la forma de cubrir los puestos del profesorado funcionario en las universidades, aspecto crucial ya que van a ser los responsables estables de las tareas docentes e investigadoras. El hecho es que éstos se ocupan en gran medida por personas formadas en la propia universidad contratante en detrimento de la movilidad, la internacionalización, la entrada de ideas diferentes y la apertura de las plazas a una competencia efectiva. Esta afirmación no pretende negar el derecho a la evolución en el puesto de trabajo a las personas que se han acreditado, pero que prácticamente no exista otra vía de cubrir esos puestos es lo preocupante (y lo que digo no tiene nada que ver con la baja tasa de reposición).

Es evidente que si queremos mejorar hay que replantearse los criterios de selección y evaluación.

Pensemos ahora lo que pasa en otras estructuras sociales en las que se realizan tareas laborables. El nivel de eficiencia de las personas suele ser inversamente proporcional al tiempo que llevan en una empresa o, dicho de otra manera, conforme cumplimos años, se van produciendo alteraciones psíquicas y fisiológicas en las personas que afectan a la productividad de la institución. La edad media del profesorado funcionario español varía en el intervalo [54-58] años, lo que significa que ya hay muchos profesores universitarios con una edad respetable. Ese hecho suele producir una dudosa sensación de derechos adquiridos que suele ser nefasto frente a los cambios o adversidades que puedan surgir. Además, por mucho que se intente negar, la ilusión de un postdoc por comerse el mundo no es la misma que la de un profesor con mucha experiencia.

Reflexionemos ahora sobre un dato que suele pasar desapercibido entre el Personal Docente e Investigador universitario.  Su jornada de trabajo es la fijada con carácter general para las Administraciones Públicas. Su duración oscila alrededor de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo, equivalente aproximadamente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales. En el informe “La comunidad universitaria española opina”, realizado por Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez en 2014, se muestran los resultados en % de dedicación que cree que realiza un PDI durante un curso académico. En la tabla siguiente se muestran dichos resultados y su traducción en horas de jornada de trabajo. Los resultados obtenidos, que por comodidad voy a aproximar, ofrecen una información teórica, interesante y sorprendente para muchos.

Si se visualizasen los análisis de la productividad real de cualquier institución universitaria, se vería que esta tiende a ser del tipo hiperbólico con asíntotas en los ejes, en la que se pueden distinguir tres zonas. La que agrupa a las personas que trabajan más de lo que se considera oficial, la que agrupa a aquellos que cumplen de manera razonable y otro grupo de tamaño nada despreciable que no lo alcanza por mucho lo que deberían trabajar.

Todo lo que he expuesto son pinceladas incompletas que no deben considerarse lógicamente como verdades absolutas ya que siempre hay que huir de las generalizaciones. Pero desde mi punto de vista, mientras a estas o a otras de las que somos conscientes no les encontremos los procedimientos internos y externos que permitan solventarlas, no creo que sólo con dinero avancemos hacia una universidad con un futuro diferente al que previsiblemente nos espera.

Tomado de Studia XXI con permiso de sus editores